CONPYMES pide responsabilidad y altura de miras a los partidos políticos y a las CC. AA. ante el despropósito de la subasta fiscal que se está viviendo

03 Oct CONPYMES pide responsabilidad y altura de miras a los partidos políticos y a las CC. AA. ante el despropósito de la subasta fiscal que se está viviendo

La patronal exige acabar con la rifa fiscal con fines electoralistas y que se aborde con rigor una reforma fiscal para poner fin a la peligrosa carrera de promesas de rebajas fiscales entre autonomías.

La Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES) considera un despropósito la rifa fiscal en la que se han convertido las competencias de las Comunidades Autónomas y exige que se aborde con rigor una reforma fiscal profunda que analice toda la tributación en su conjunto y evite caer en el populismo o la improvisación que estamos viendo estos días. Para CONPYMES, la reforma tributaria tiene que mirar a largo plazo.

“No podemos perder la perspectiva del problema real que padece España en materia tributaria, que acumula un déficit estructural de 50.000 millones de euros. Como desgraciadamente ocurre habitualmente en años con marcado carácter electoral, entramos en una peligrosa carrera de promesas de rebajas fiscales entre autonomías sin reflexionar si España puede permitirse bajar o eliminar impuestos en estos momentos”, defiende la patronal.

Tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional advierten de las posibles consecuencias de la política fiscal, que debería actuar de forma focalizada centrando sus esfuerzos en apoyar a los hogares, empresas y sectores que más se están viendo afectados, en particular a los hogares de rentas más bajas, que son los que más sufren el impacto de la inflación, y a las empresas más intensivas en energía. “El modelo fiscal español se ha deteriorado con el paso del tiempo y es necesario revisarlo en su conjunto”, advierte José María Torres, presidente de CONPYMES.

“Cuando hablamos de reducir la política fiscal, hablamos de reducir ingresos y recursos, provocando una pérdida de recaudación que al final repercutirá en el gasto eminentemente social que compete a las CC. AA. y que está destinado a la educación, la sanidad y las prestaciones sociales en su mayor parte”, asegura Torres.

Según CONPYMES, el Gobierno debería convocar a autonomías y partidos políticos para pactar una reforma fiscal que acabe con esta competición autonómica por la fiscalidad, que debilita los servicios públicos en un momento en el que se debe remar en la misma dirección. “Es necesario un pacto de rentas como garantía de estabilidad social del futuro”, declaran. CONPYMES reclama que las prioridades políticas tienen que ir encaminadas a contener la inflación y la intervención de manera urgente de los mercados eléctricos y del gas europeos para parar el fuerte incremento de precios, y no colapsar la economía europea evitando la especulación en los precios de la energía.

Por otro lado, dado que nos encontramos en una situación en que confluye el incremento de precios, la ralentización en el crecimiento del PIB y la moderación en la creación de ocupación, CONPYMES recomienda que los incrementos salariales, que son necesarios, se indexen a cestas de indicadores relacionados con la mejora de la productividad de las empresas, y no solo al IPC. “Sólo así podremos hacer viables a nuestras empresas”, indica el presidente de CONPYMES. En este sentido, pone como ejemplo algunos indicadores como la productividad, los resultados, la evolución del PIB, la inflación subyacente o los costes, entre otros.

Finalmente, la patronal pide que la Administración Pública asuma la parte que le corresponde de los aumentos de precios en todos los contratos públicos, puesto que hoy en día solo lo hace en determinados contratos de obras a partir de su revisión en los contratos que están en vigor, en los prorrogados y en los que se firmarán próximamente. En este sentido, considera que sería bueno modificar la Ley de Contratos con el Sector Público (Ley 9/2017) y permitir la indexación de los precios de los contratos a las empresas contratistas cuando se produzca una modificación sustancial de sus costes.