MÉRIDA, 6 (EUROPA PRESS)
La Mesa Sectorial de Administración General y Comisión Negociadora del personal laboral ha acordado que la oferta de empleo de los procesos de estabilización ascenderá a 3.193 plazas, de las cuales 1.226 corresponderán a funcionarios y 1.967 a personal laboral.
La directora general de Función Pública, Carmen Vicente, ha destacado que estos procesos de estabilización, junto con los procesos ordinarios de las Ofertas Públicas de Empleo hasta 2021, permitirán situar la temporalidad por debajo del 4 por ciento.
En función de la normativa nacional antes citada, se establecen dos procesos selectivos. El primero, en virtud de las disposiciones adicionales 6ª y 8ª, a través de un concurso de méritos, para el que se incluyen un total de 2.746 plazas, de las cuales 1.096 corresponden a funcionarios y 1.650 al personal laboral.
Mientras tanto, el segundo proceso, establecido en el artículo 2.1 de la ley 20/21, se realiza a través del sistema de concurso-oposición y contempla 447 plazas, de las que 130 son de funcionarios y 317 de laborales.
Asimismo, se incluirá una propuesta realizada por la Administración regional, y con la que los sindicatos se han mostrado de acuerdo, para incluir en la oferta la posibilidad de incremento de un 10 por ciento adicional por si fuese necesario.
Se trata de una posibilidad contemplada en las leyes de Función Pública pero nunca se ha podido ejecutar por las leyes presupuestarias, ha incidido la Junta en nota de prensa.
La oferta acordada incluye el número de plazas contenido en la Oferta de estabilización del año 2019, que no se ha ejecutado por la concurrencia de la nueva ley.
Además de la concreción de las plazas, se ha retomado la negociación de un acuerdo para el ámbito de Administración General por el que se establece el desarrollo de dichos procesos de estabilización, conforme a la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Carmen Vicente ha explicado que Junta y sindicatos tienen una postura “bastante cercana” para alcanzar dicho acuerdo, a falta de concretar algunos aspectos que han planteado discrepancias.
En este sentido, la directora general de Función Pública ha considerado que no se debe valorar la formación en estos procesos de estabilización, ya que no se realiza en los procesos ordinarios y pueden retrasar un proceso que, por su propia naturaleza, debe ser “ágil para cumplir con los plazos previstos”.
Asimismo, otro de los aspectos que la Administración defiende es que se debe ponderar en “porcentaje suficiente, pero no preponderante”, los exámenes aprobados en convocatorias anteriores si las hubiese habido.
POSICIÓN DE LOS SINDICATOS
Por parte de los sindicatos participantes en la reunión de este viernes, el delegado de CSIF Extremadura, Miguel Díaz, ha agradecido el trabajo que ha hecho la administración pero ha apuntado que el sindicato tiene “dudas jurídicas de que sea viable”. “Es un problema que ha generado la propia administración y el gobierno, que aprueba unas leyes que luego ellos mismos incumplen, con lo cual nosotros no vamos a firmar ningún acuerdo con la administración porque no entendemos esta situación”, ha apuntado.
De esta forma, ha indicado que CSIF ha pedido que, si hay acuerdo, se haga un concurso de traslado tanto para personal funcionario como para el laboral que coincida con la toma de posesión de los trabajadores interinos o laborales fijos para tener así la posibilidad de que, por una parte, interinos y personal laboral contratado de larga duración puedan optar a las plazas pero también que los empleados públicos tengan la posibilidad de poderse mover a través de concurso de traslado.
Entre sus propuestas también se incluye que las promociones internas sean más numerosas, a lo que ha planteado CSIF que, igual que se ha hecho un proceso extraordinario, que se haga también un proceso extraordinario de promociones internas a través de concursos de méritos, ya que el sindicato es conocedor de que hay muchos auxiliares administrativos que están haciendo funciones de administrativos.
Por ello, como ha expuesto, “no tiene sentido” que a alguien que entre de la calle se le haga un concurso de mérito y a alguien que lleva “un montón de años” trabajando en la administración se le haga exámenes y méritos. “Como la administración no lo va a hacer, CSIF no va a firmar ningún acuerdo de estabilización con la Junta de Extremadura”, ha añadido.
De igual forma, Díaz ha considerado que más que mesas de negociación son mesas de consulta, ya que, aunque, los sindicatos intentan mejorar el texto al final las decisiones las toma la Junta de Extremadura, por lo que ha lamentado que se hayan convertido en “mesas informativas”.
Por su parte, la secretaria de Acción Sindical y Área Externa deUGT-Servicios Públicos Extremadura, María Ángeles Rodríguez, ha apuntado que no se ha aprobado el acuerdo de criterios que quería la administración, que debería, en su opinión, “abrir un poquito más” y contemplar algunas de las propuestas de las centrales sindicales.
UGT, según ha señalado, ha propuesto aspectos que benefician al personal interino al llevar “al máximo” la puntuación permitida por la ley al 90 por ciento en los servicios prestados, diferenciando los servicios en la Junta y en otras administraciones, a lo que la Junta “no se ha movido” de los porcentajes que ya traía. “Es decepcionante, porque al final casi no negociamos absolutamente nada”, ha añadido.
También, y en relación al personal fijo, Rodríguez ha recordado que el borrador no contemplaba la promoción interna, a lo que el sindicato ha propuesto que se hiciera para los trabajadores fijos de la administración en su mismo puesto de trabajo.
Preguntada por el nivel de interinidad en la administración autonómica, la responsable de UGT lo ha situado entre el 25 y el 30 por ciento que se prevé reducir a entre un 3,5 o un 4 por ciento al finalizar los procesos de estabilización.
Por su parte, el delegado de CCOO, José Sánchez, ha demandado conocer la desagregación, por categorías, de las casi 3.200 plazas que se pretenden estabilizar.
Al respecto, ha informado de que la Junta ha trasladado que, de momento, es lo que puede ofrecer, ya que podrían surgir cambios, hecho ante el que el sindicato ha mostrado su oposición, ya que disponer de más información podría aportar mayor tranquilidad al personal afectado.
También, y en relación al acuerdo de la manera de actuar conforme a la ley de criterios generales, “de momento no hay acuerdo” pero puede que se llegue, ha dicho, si la administración elimina algunos de los aspectos que el sindicato entiende como “líneas rojas”.
De este modo, ha expuesto que la directora general de Función Pública, Carmen Vicente, les ha trasladado que revisará el texto con las aportaciones realizadas y se lo hará llegar de nuevo a las centrales sindicales. “Si nosotros vemos que el texto se ajusta a las reivindicaciones que nosotros le hemos aportado en la mesa lo podríamos firmar, podría haber acuerdo”, ha apuntado.
- Te recomendamos -
