MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
El Investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que “parece complicado” que la nueva Ley de Empleo, “en caso de aprobarse con la actual redacción, vaya a mejorar la muy mejorable y necesaria eficacia y eficiencia de las políticas activas de empleo en España”.
Así lo pone de relieve este economista en un artículo publicado este lunes por Fedea, en el que explica que, el articulado de la norma, “si bien realiza un positivo ejercicio de ordenación de estas políticas e incluye algunos cambios novedosos, no incorpora en muchos de los apartados propuestas concretas en aspectos clave” sobre cómo afrontar los retos que se propone.
“La experiencia demuestra que la repetición de un deseo de forma hablada o escrita, la mejora de la empleabilidad de las personas y la productividad de la economía en el caso que nos ocupa, no se convierte en realidad por el mero hecho de hacerlo, aunque se recoja en el BOE, sin contar con los instrumentos suficientes y adecuados, incluido un entramado institucional sólido y colaborativo entre administraciones, que ayude a mejorar el tejido productivo y las oportunidades de las personas para acceder a una ocupación con la mejor remuneración posible, ya sea como asalariados o con un trabajo por cuenta propia”, avisa García.
Entre las cuestiones que este experto echa en falta en la ley destaca que no se explicitan las ventajas de convertir el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Agencia Pública de Empleo, pese a ser un asunto “central” de la norma. Además, aunque valora que se mencione que debe existir un catálogo de servicios comunes mínimos en todo el país, no se explicita cuál debe ser la financiación de estos servicios.
La imposición a las administraciones de plazos “no realistas”; no desarrollar cuál es el modo de colaboración entre administraciones; no explicar cómo será la relación de los servicios públicos de empleo con las empresas privadas; no explicitar cómo se mejorará el portal del actual SEPE; no aportar soluciones sobre como lograr que la oferta formativa se adecúen a las necesidades de las personas y del mercado laboral, y excluir los incentivos al empleo de las políticas activas son otras cuestiones que critica este economista.
A juicio de García, para resolver muchas de las deficiencias enunciadas, más que un cambio en la Ley de Empleo lo que se necesitaría es un cambio de enfoque construido a partir de disponer de información detallada de la experiencia, cualificación y actitud de las personas ante las posibles ofertas de empleo, y su posición en el mercado laboral a partir de un conocimiento detallado del tejido productivo a nivel local, provincial, autonómico y nacional.
“Esta información permitiría realizar un perfilado completo sobre sus posibilidades en el presente, a la vez que anticipar posibles cambios en las ocupaciones demandadas en un futuro próximo. El acceso a la información debe incluir los registros administrativos para automatizar los procesos y procedimientos que permitan desarrollar en plazos de tiempo breves las políticas activas de empleo”, apunta.
El artículo añade que “el cambio en el diseño debe estar acompañado de modificaciones en la organización de los servicios de empleo y la cualificación de las personas que trabajan en ellos, y además, contar con modificaciones de otras normas asociadas, como la Ley General de Subvenciones, el estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de protección de datos”.
- Te recomendamos -
