MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
El Defensor del Pueblo ha advertido de que los empleados públicos de distintas administraciones expresan su “deseo” de que les permitan desarrollar su labor en la modalidad de teletrabajo y señalan el retraso en su implementación que se produce en sus respectivos organismos.
Así lo pone de relieve el Defensor en su informe correspondiente a 2023, en el que resalta en estos casos la improcedencia de intervenir en asuntos de autoorganización de las administraciones y de su potestad, que deben resolverse en negociación con los representantes de los empleados públicos.
El Defensor del Pueblo indica que se realizaron intervenciones puntuales sobre el retraso de la implantación del teletrabajo en algunas administraciones que estaban obligadas a hacerlo, como el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, finalizadas tras alcanzarse un acuerdo.
Por otro lado, destaca que el año pasado las condiciones laborales de los empleados públicos también fueron causa de numerosas quejas y de inicio de intervención ante las administraciones. “La retribución es uno de los elementos que provoca un mayor grado de conflictividad”, refleja el informe, ya que en numerosas ocasiones los empleados públicos “tienen la necesidad de que la Administración reconozca la adquisición de derechos económicos que se habían incorporado al patrimonio de los interesados por diversos títulos”.
Sobre la base de la doctrina del enriquecimiento injusto, el Defensor del Pueblo formula una sugerencia a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid para que procediera al pago de los derechos económicos de una funcionaria que había realizado las funciones que se le habían asignado, pese a que no cumplía con los requisitos exigidos.
El Defensor del Pueblo continuó las actuaciones ante el Ministerio de Educación y Formación Profesional referentes al retraso en el reconocimiento y percepción del complemento de formación permanente (sexenios) de profesores de religión, asunto sobre el que se recibieron numerosas quejas.
DISCAPACIDAD
Asimismo, inició actuaciones con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y Agenda 2030 para permitir a personas con trastornos de aprendizaje que se beneficien de la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos que tienen las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Esta actuación, al cierre del informe, continúa abierta con la Administración.
Respecto a las ofertas de empleo público a personas con discapacidad, el Defensor del Pueblo recomendó a la Diputación Provincial de Zaragoza, entre otras administraciones, que incluya en las ofertas públicas de empleo el cupo de reserva de plazas vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad.
Renfe-Operadora aceptó la recomendación reiterada por la institución relativa a los trabajadores que han superado el proceso selectivo y son declarados no aptos por padecer una enfermedad mental, así como la sugerencia planteada en cuanto a la incorporación de una trabajadora a un puesto adaptado.
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