Consideran que el texto señala a los preparadores de oposiciones como un colectivo sospechoso
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha recurrido el decreto de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que “pretende” que por parte de todos los miembros de la carrera fiscal se declare si preparan o no a opositores, al considerarlo “arbitrario”.
En un escrito remitido a la Fiscalía General del Estado (FGE), recogido por Europa Press, la asociación formula un recurso de reposición en vía administrativa que, según advierte, es el paso previo a dirigirse por la vía judicial con recurso contencioso-administrativo.
APIF apunta que “la orden que el mencionado decreto recoge está fundada y tiene cobertura legal en cuanto a la declaración a que están obligados los fiscales para comunicar a la institución que ejercen una actividad diferente de la propia y que por tanto pudiera ser sometida a examen por parte de la Inspección Fiscal a efectos de establecer o no su compatibilidad”.
Sin embargo, señala la APIF, “no hay disposición alguna que obligue a todos los fiscales a comunicar que no ejercen actividades que puedan comprometer el recto ejercicio de sus funciones”.
Tampoco existe una disposición que establezca que “incluso a aquellos fiscales que, aun preparando el acceso para la función pública, y a pesar de suponer una naturaleza o carácter continuado, siempre que no comprometan el recto ejercicio de su ejercicio, y no superen las 75 horas anuales, tengan la obligación en todo caso, de comunicar los extremos expuestos en la declaración remitida”.
SIN “JUSTIFICACIÓN LEGÍTIMA ALGUNA”
“No encontramos la norma sobre la cual sostiene la orden que transmite a toda la carrera. Y por ello consideramos que el contenido del decreto es arbitrario, por entender que obedece a un mero voluntarismo estableciendo obligaciones para los fiscales que pueden generar responsabilidades disciplinarias en caso de incumplimiento, pero que adolece de ninguna cobertura jurídica y también de justificación legítima”, critica la APIF.
En este contexto, consideran “que es arbitrario ordenar a 2.600 fiscales a que informen de que no quebrantan la norma de incompatibilidades, y de que no actúan contra la norma”.
“Creemos que no tiene justificación legítima alguna, al margen de que genera una gran inquietud en la Carrera Fiscal, señala a los preparadores de oposiciones como un colectivo sospechoso y transmite la sensación a la Carrera de que en la Fiscalía son posibles cosas que no ocurren fuera de esta institución”, aducen.
Con el citado recurso de reposición la APIF solicita a la fiscal general del Estado que rectifique y que limite a “ordenar el cumplimiento por todos los fiscales a quienes preparando el acceso para la función pública, con naturaleza o carácter continuado, comprometan el recto ejercicio de la función fiscal, o superen las 75 horas anuales les pueda afectar”.
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