VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos que representan a la sanidad valenciana han protestado este jueves ante la Conselleria para que la Generalitat dé marcha atrás a la creación de la empresa pública de salud (EPS) para asumir los servicios externalizados, advirtiendo que es un “riesgo inasumible” para el propio sistema en la Comunitat.
Sanidad ya tiene preparada la empresa en forma de decreto-ley para su aprobación por el pleno del Consell, aunque hay discrepancias entre los socios de gobierno –el PSPV está a favor y Compromís y Unides Podem en contra– y el ‘president’, Ximo Puig, garantizó que si no hay acuerdo se aplazará.
La EPS asumiría los servicios externalizados, aunque también tendría capacidad para acometer la gestión de los que le encomiende el departamento dirigido por Ana Barceló, como la prestación de resonancias magnéticas o la asistencia farmacéutica a los centros sociosanitarios.
Se trata de uno de los aspectos que más rechazan los sindicatos (CCOO, SATSE, UGT, Sindicato Médico, SAE, CSI·F e Intersindical) porque la mercantil “abre la puerta a que no solo se integren los servicios objeto de reversión, sino también otros que presta directamente la Conselleria”.
“NO DEJA DE SER UNA EMPRESA PRIVADA”
“Al final, no deja de ser una empresa privada”, ha recalcado a los periodistas la secretaria general de federación de Sanidad de CCOO-PV, Rosa Atiénzar, alertando que continuarán “los mismos problemas y la gestión individualizada”.
Otra de sus advertencias es que es una fórmula “mucho más fácil de retornar” al modelo privado, de cara por ejemplo a la reversión del Hospital de Torrevieja (Alicante) prevista por la Generalitat en octubre cuando acabe el contrato con Ribera Salud.
Por contra, los sindicatos abogan por una “integración real” de los servicios externalizados en la Conselleria mediante una fórmula que dé todas las garantías jurídicas posibles y respete los derechos tanto de los profesionales objeto de la reversión como de los estatutarios. Todo ello para asegurar la continuidad de la gestión directa y avanzar en la homogeneización de los servicios de salud.
DIFICULTADES PARA CONTRATAR Y MÁS “DESIGUALDAD”
En materia laboral, temen que con la EPS haya dificultades para realizar nuevas contrataciones o incrementar el gasto de personal, dado que se le aplicarían “las mismas restricciones que a una administración pública”, como la tasa de reposición.
También avisan que se mantendría la “desigualdad” entre departamentos de salud al estar unos gestionados directamente y otros no, lo que iría en contra de la “cohesión” del sistema de salud y de la igualdad de la atención a los valencianos vivan donde vivan.
A su juicio, no es aconsejable que funcionen de manera independiente los servicios externalizados porque supone una fórmula más ineficiente y un “sobrecoste” que se podría invertir en mejoras de gestión directa y en paliar las deficiencias de profesionales e infraestructuras de la sanidad valenciana.
Los sindicatos prevén además que la EPS aumentará la amalgama de convenios laborales y “difícilmente” ofrecerá unas condiciones equitativas a trabajadores que realizan las mismas funciones, como han expuesto en el manifiesto leído a las puertas de la Conselleria antes de una mesa sectorial ya programada con la dirección general de Recursos Humanos.
Es más, según sus previsiones, la no reconversión de los puestos a plazas estatutarias implica recortes de trabajadores públicos, dificultando el acceso a estos departamentos de salud y la pérdida de investigación, docencia y difusión de conocimientos.
“SECUESTRO DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO”
“Este nuevo modelo supondría el secuestro de conocimiento científico”, alertan, ya que los servicios radiológicos no podrían acceder a puestos estatutarios en las resonancias magnéticas y llevar a cabo todas las competencias de manera única integral.
Por todo ello, los siete sindicatos reclaman la retirada inmediata del proyecto “y no su aplazamiento”, además de una reunión con la consellera Barceló, que durante la protesta estaba anunciando el fin del toque de queda junto al ‘president’ Puig tras la mesa interdepartamental COVID.
Y prevén mantener las movilizaciones hasta que no lo consigan, denunciando que quedan en entredicho, “soterrados e incumplidos”, los compromisos políticos del gobierno valenciano de integración de todos los servicios sanitarios en una gestión directa. Esto supone, en su opinión, un incumplimiento manifiesto de las intenciones de reversión.
“Tarjeta roja al Botànic y tarjeta roja a la Conselleria de Sanidad porque la gestión directa no es negociable”, ha resumido el representante de CSI·F Fernando García Ruiz, cifrando en 11.000 las plazas públicas que necesita la sanidad valenciana. También ha recordado que el convenio colectivo de Alzira, tras la reversión a gestión pública del departamento de La Ribera en 2018, “aún no está claro”.
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