LOGROÑO, 15 (EUROPA PRESS)
“El sector público ahoga al privado”. La deuda comercial de las administraciones públicas con las pymes y los autónomos asciende a 83.000 millones de euros. Se ha elevado en el año de la pandemia en 2.000 millones, un 13% más, y un 39,4% desde el año 2016, según ha informado la FER en un comunicado de prensa.
Según prosiguen, la deuda está creando “un problema de liquidez que agrava la difícil situación que viven las empresas por la crisis sanitaria. Los últimos cinco años registra un aumento continuado de esta deuda pública, según el Banco de España”.
La Federación de Empresas de La Rioja (FER) critica esta situación y considera que el pago a los proveedores privados “supondría un importante alivio en la liquidez de las pymes y los autónomos, a la espera de que finalmente puedan recibirse las prometidas ayudas directas del Gobierno, en torno a las cuales hay una enorme incertidumbre sobre las cuantías, los plazos y los sectores que finalmente estarán incluidos. Semejante escalada de deuda pública comercial no se producía desde los inicios de la crisis entre 2007 y 2008”.
Al cierre de 2020, el desfase de las facturas con los proveedores había crecido en 2.000 millones de euros respecto a 2019.
“Es fundamental que se abone de forma inmediata esta deuda acumulada, más aún dadas las graves circunstancias económicas y empresariales, en las que se están cerrando centenas de empresas todos los días en nuestro país, a causa de una crisis sanitaria”, explican desde la FER.
Una crisis derivada de la pandemia, que ha producido el cierre y las restricciones de muchas actividades económicas y de los sectores empresariales, que siguen sufriendo las secuelas de la falta de actividad
Desde las organizaciones empresariales “llevamos mucho tiempo reclamando que se dé una solución al problema de la morosidad pública con los proveedores privados. Las administraciones públicas tienen un camino más fácil para endeudarse que las empresas, que están al límite de su solvencia”.
Del total de la deuda pública de las administraciones el 57,3% corresponde a la administración central y un 20,4% (19.000 millones) a las corporaciones locales. Las comunidades autónomas y la Seguridad Social debían, al terminar el año 2020, unos 10.000 millones, el 22% restante.
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