El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado varias enmiendas al proyecto de ley antifraude que elaboró el gobierno de coalición y que se encuentra en proceso de redacción en la Cámara Baja, incluida una para prohibir los pagos en efectivo que superen también los 1. 000 €. cuando vienen de particulares a profesionales.
En concreto, la modificación elimina el límite de 2. 500 € previsto en la factura para la hipótesis de que el pagador sea una persona física y no actúe como empresario o profesional.
Este límite de 2. 500 euros es el vigente desde que fue introducido en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, y que también se ha aplicado a los pagos entre profesionales.
Inicialmente, con el objetivo de combatir la economía sumergida, el proyecto de ley impulsado por el Ministerio que actualmente lidera María Jesús Montero proponía reducir este límite a los 1. 000 euros, pero solo en el caso de transacciones entre profesionales, permitiendo seguir aplicar el límite de 2500 cuando se trata de pagos privados.
Sin embargo, ahora los partidos que integran la Coalición Ejecutiva proponen bajar el límite a 1. 000 € para pagos en efectivo en los que “uno de los intervinientes actúa como empresario o profesional“, lo que afectaría a los pagos de los particulares profesionales.
Otras propuestas
Por otro lado, la reforma establece, al igual que la cuenta, que el límite de la cantidad que se podrá pagar en efectivo será de “10. 000 € o su equivalente en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúa como empresario ni profesional”, reduciéndolo de los 15. 000 € actuales.
En cuanto a la sanción para quienes infrinjan estos límites, según la enmienda, consistirá en una sanción proporcional igual al 25% de la base de la sanción, que será el monto pagado en efectivo.
Otros grupos parlamentarios también han presentado enmiendas sobre los pagos reales en la misma línea que PSOE y Unidas Podemos para aplicar el límite de 1. 000 € a las personas, como Grupo Mixto y ERC, que abogan por reducir el límite a 5. 000 euros en el caso de personas con domicilio fiscal fuera de España, que los ciudadanos también defienden en una reforma.
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