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Pensionistas exigen retirar el Proyecto de ley para Planes de Pensiones de Empleo que se vota en el Congreso

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La plataforma denuncia que “empobrece las pensiones públicas y abre la puerta a su privatización”.

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

Las plataformas de Pensionistas de los Pueblos y Comunidades del Estado, en las que se incluye el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (EHPM), exigen la retirada del Proyecto de ley para el Fomento de los Planes de Pensiones de Empleo, que este jueves se somete a votación en el Congreso de los Diputados.

En un comunicado conjunto, estas plataformas han denunciado que este proyecto “empobrece las pensiones públicas y abre la puerta a su privatización”.

Desde su punto de vista, con este proyecto de ley, se pretende una extensión “más amplia que la actual” de estos planes privados complementarios de pensiones, impulsada, pero no avalada, desde la administración del Estado y a través de la negociación colectiva sectorial.

En su opinión, la gestión de los planes se va a entregar posteriormente a entidades financieras, aseguradoras privadas y a los mismos “agentes sociales” que firmarán los convenios colectivos y que formarán parte también de la Comisión de control.

Para ello, y tal y como han explicado, el proyecto contempla que entre toda la ciudadanía se costee su puesta en marcha con aportaciones iniciales públicas, incrementando las desgravaciones fiscales y con descuentos a las empresas en las cotizaciones a la Seguridad Social, hasta de 400 euros anuales.

Esta medida, para la plataforma estatal de pensionistas, supondrá debilitar el Sistema Público de Pensiones de reparto y de solidaridad intergeneracional e interterritorial, que garantiza unas prestaciones mínimas para todas las personas trabajadoras y supone un elemento de equilibrio de las desigualdades sociales en los años de la jubilación.

Además, se entregará una parte de las aportaciones sociales, a un sistema privado “individualista de capitalización, que cubrirá sólo a las personas que en su vida laboral han podido hacer aportaciones, y dejará fuera a amplias capas de población más desfavorecidas, con empleos en sectores más precarizados o empobrecidos, mujeres muy especialmente.

“ESCASA RENTABILIDAD”

A juicio de estos colectivos, los planes privados de empleo o empresa que hay funcionando desde hace años, han demostrado “una gran incertidumbre y su escasa rentabilidad”, al estar sometidos a los vaivenes de los mercados financieros en los que se invierten; de ahí, su estancamiento en cuanto a nuevas suscripciones en los últimos años.

Sin embargo, han añadido, “se vende el atractivo de que se conseguirá un complemento a la pensión pública, ocultando que al descontar de la base de cotización las aportaciones que se hagan a estos planes de empleo, la pensión pública será menor en el momento de calcularla para la jubilación” han criticado.

Desde su perspectiva el Sistema Público de Pensiones (SPP) ha demostrado que es sostenible, siempre que no se le cargue con “gastos impropios”, que no le corresponde soportar. Pero, añaden, este proyecto de ley “pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público al disminuir sus ingresos reduciendo las cotizaciones”.

Los supuestos beneficios de la previsión social complementaria que se pretende impulsar, tienen en el Sistema Público muchas más garantías, y los recursos públicos que se van a destinar a impulsar estos fondos de pensiones, estarían mejor empleados en reforzar y mejorar el Sistema Público de reparto consiguiendo resultados socialmente más justos, han asegurado.

Los pensionistas han afirmado también que estos planes de pensiones de empleo, que no garantizan la recuperación de la inversión y aún menos su rentabilidad, supondrán el inicio de la privatización del Sistema Público de Pensiones, debilitándolo y poniéndolo en peligro, beneficiando únicamente a las grandes entidades financieras privadas, que verán aumentar su negocio en miles de millones de euros.

Por tanto, y tal y como han acordado en su comunicado conjunto un Proyecto de Ley de esta importancia no debe ser tramitado con carácter de urgencia, ya que requiere un debate social donde “se cuente la verdad a la ciudadanía, sin amenazas, chantajes ni urgencias parlamentarias”.

Por todo ello, exigen al Gobierno central y al resto de partidos que no apoyen este proyecto de ley porque el actual Gobierno pretende convertir el derecho a las pensiones dignas (artículo 50 de la Constitución Española) en “un negocio privado”.


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