El Gobierno aprueba un acuerdo de 2 millones de euros para combatir el fraude en la Seguridad Social hasta 2028

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para posibilitar a varios organismos públicos la tramitación de un convenio para la persecución del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social.

En concreto, los organismos que suscribirán este nuevo convenio son la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad social, la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Dirección del Instituto Social de la Marina.

Las previsiones de gasto del citado convenio son de dos millones de euros. En concreto, se cifra en 40.000 euros el gasto en 2024; en 500.000 euros en 2025, en 2026 y en 2027 y 460.000 en 2028.

La Dirección General de la Policía y la Tesorería General de la Seguridad Social iniciaron una colaboración, al amparo de diversos procedimientos, protocolos y convenios en la investigación y persecución de delitos y otras infracciones en materia de Seguridad Social a través de la actuación de la Sección de Investigación de la Seguridad Social encuadrada en la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial.

Esta colaboración fue posteriormente ampliada a la Secretaría de Estado de Seguridad Social (actualmente Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones), al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina y ha permitido la investigación, seguimiento, desarticulación y enjuiciamiento, de entramados fraudulentos en todo el territorio nacional así como la persecución de delitos e infracciones que atentaban contra los intereses económicos de las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

La experiencia y especialización alcanzada a lo largo de este tiempo, junto con la evolución de las modalidades de fraude y el incremento de delincuencia organizada, han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la colaboración e intensificar la coordinación entre los distintos órganos y unidades de ambas partes que se han especializado o se han dedicado, en exclusiva o como parte especifica de las funciones que tienen atribuidas, a la persecución del fraude a la Seguridad Social.

Con fecha 10 de diciembre de 2019 la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría de Estado de Seguridad Social, actualmente Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina firmaron un convenio, con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2023.

Por ello, se hace necesaria la firma de un nuevo convenio con el fin de continuar con las investigaciones en curso que estaban realizando los policías de la Sección de Investigación de la Seguridad Social cuando finalizó la vigencia del anterior convenio, además de reforzar la colaboración e intensificar la coordinación entre las partes en aras de una mayor eficacia de cara a la prevención y lucha contra el fraude al sistema de la Seguridad Social, así como la persecución de delitos e infracciones que atentan contra los intereses económicos de las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Se comparte, además, la intención y necesidad de fomentar, desde sus distintos ámbitos y competencias, una acción conjunta, global y coordinada de los distintos agentes intervinientes (policiales, gestores y de asistencia jurídica), en el objetivo común de desincentivar, prevenir y perseguir la delincuencia en materia de Seguridad Social y, en su caso, dotar al procedimiento administrativo y judicial de todos los elementos probatorios y exigencias del tipo penal.

Se trata, en definitiva, de lograr un efectivo enjuiciamiento de los hechos en defensa de los intereses del Sistema, tanto en los ingresos de los distintos recursos del mismo como en el control del gasto en prestaciones y otros beneficios, y la depuración de las correspondientes responsabilidades penales y civiles.