La Comisión de Derechos Sociales pedirá cambios en las leyes para aumentar la contratación de profesionales con discapacidad en el ámbito docente e investigador

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

La Oficina de atención a la Discapacidad (Oadis) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pedirá a las universidades y al Ministerio estudiar qué cambios normativos serían necesarios de cara a incrementar la contratación de personas con discapacidad entre el Personal Docente e Investigador (PDI) de estas instituciones, que en la actualidad está muy por debajo del 7% que la ley establece para las públicas y también del 2% para las privadas.

Así se recoge en la respuesta de la Oadis ante la queja presentada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a la que ha tenido acceso Servimedia, que recomienda al sistema universitario introducir medidas para garantizar la reserva de plazas de discapacidad en todas sus categorías profesionales, también en el PDI.

Para ello, la Oadis propondrá al Consejo Nacional de Discapacidad la aprobación de una recomendación para que el Ministerio de Universidades estudie, junto a las universidades, los cambios normativos que sean necesarios en los procesos selectivos de concurso o acceso de personal temporal en la categoría de personal docente e investigador, con el fin de que se reserve plazas para personas con discapacidad en dichos procesos y se dé solución a los problemas expuestos por las universidades.

En su demanda, el Cermi destacaba que la gran mayoría de universidades españolas incumplen la cuota de reserva para personas con discapacidad dentro del PDI y pide a la Oadis investigar qué medidas se han puesto en marcha para solventarlo.

La queja estaba acompañada por el informe ‘Situación Del personal docente e investigador con discapacidad en el sistema universitario’, que revela la ausencia de esta reserva o su insuficiencia.

Según esta investigación, muchas universidades no disponen de datos sobre el PDI desglosados por discapacidad, en virtud de la normativa de protección de datos. Entre aquellas que sí ofrecen tales estadísticas, el PDI con discapacidad no llega ni al 1% en la gran mayoría, y solo cuatro universidades informaron de que habían registrado un porcentaje entre el 1% y el 2% de personas con discapacidad entre su plantilla de PDI. Solo una institución universitaria reportó un porcentaje de personas con discapacidad superior al 2%.

A juicio de la Oadis, estos resultados ponen de manifiesto el débil compromiso del sistema universitario español con las personas con discapacidad como docentes e Investigadores y ratifican el importante desconocimiento institucional que poseen las universidades sobre las situaciones laborales que afectan al desarrollo profesional del PDI con discapacidad.

Señaló que los problemas en cuanto a la reserva de plazas PDI para personas con discapacidad son comunes a la gran mayoría de universidades, y tienen que ver con que se pueden convocar pocas plazas, ya que muchas “están vinculadas a áreas de conocimiento”, y con que se consideran “procesos de estabilización de empleo temporal en muchos casos”.

Las universidades, en general, argumentan que no se cumple el porcentaje de personas con discapacidad en los puestos de personal docente e investigador, y algunas indican la necesidad de arbitrar desde el propio Ministerio de Universidades un procedimiento para los concursos de las plazas correspondientes a personal PDI que haga efectivo el cupo de reserva de personas con discapacidad.

Entre otras medidas, la Oadis defiende en su respuesta que las ofertas de empleo público de cada universidad indiquen las plazas reservadas en cada categoría profesional; que esta concreción no se realice en la convocatoria de cada departamento, sino que se cumpla el cupo sobre el total de plazas de la oferta de empleo público; y que el reparto de las plazas reservadas sea equilibrado entre todas las categorías profesionales de la universidad.

Asimismo, la Oadis pidió estudiar la adopción de medidas de acción positiva para las personas con discapacidad en los procesos de acreditación del PDI, dado que es un requisito previo para el acceso al empleo público en las universidades.