Plena inclusión pide garantías para que todas las personas con discapacidad intelectual puedan presentarse a oposiciones

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

Plena inclusión España pidió este miércoles que el nuevo texto de La Ley de la Función Pública garantice que toda persona con un 33% de discapacidad intelectual pueda presentarse a oposiciones, a fin de que puedan optar al 2% de las plazas de empleo público reservadas por ley desde 2011, requisito que “no se cumple en la actualidad”.

La confederación planteó esta reivindicación en el encuentro ‘El empleo público: una oportunidad para las personas con discapacidad’, un evento organizado por Fundación ONCE y el Cermi, donde la ministra de Función Pública, María Jesús Montero, reconoció la necesidad de apoyar el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual “porque lo tienen más difícil que el resto”, subrayó.

Además, Plena inclusión demandó incluir el reconocimiento de los factores sociales junto al porcentaje de discapacidad, para evaluar si una persona puede optar a la subcuota reservada de discapacidad intelectual.

Este criterio se sostiene jurídicamente si se acude a lo argumentado en el texto de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad, que España firmó en 2008, que afirma que “los factores sociales forman parte de la discapacidad”.

Carmen Laucirica, presidenta de la confederación, expresó “una enorme preocupación por el rechazo que se está produciendo en el proceso selectivo a aspirantes que no alcanzan la certificación por sí sola de un diagnóstico de discapacidad intelectual del 33%”.

“Esto cambiaría si, como requisito, se sumaran otros factores sociales que presentan y que son determinantes al calificar su grado de discapacidad”, defendió.

AJUSTES RAZONABLES

Según Laucirica, la Ley de la Función Pública, que se halla en la fase final de su tramitación parlamentaria, “debería garantizar el derecho a ajustes razonables, tales como facilitar el temario en lectura fácil o implantar otras medidas compensatorias”.

“Así se atendería a las necesidades específicas de cada aspirante con discapacidad intelectual en el acceso a la función pública y en el posterior mantenimiento de su puesto de trabajo”, señaló.

Recientemente, la Junta Directiva de Plena inclusión España ha aprobado un posicionamiento que recoge las principales demandas de mejora para los concursos de oposición dirigidos a personas con discapacidad intelectual con el fin de evitar discriminaciones que, de hecho, se están produciendo en gran parte de las pruebas selectivas.