VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) ha mostrado su disconformidad con la “imposición” del requisito lingüístico del valenciano a los trabajadores públicos y ha pedido una moratoria en su aplicación para que no afecte a los actuales procesos de estabilización de plantillas.
Así lo ha expuesto en la reunión informativa convocada este lunes por la Conselleria de Justicia y Administración Pública. En el encuentro, la consellera Gabriela Bravo ha defendido “no se pueden exigir niveles superiores de conocimientos que los que el sistema educativo garantiza para toda la ciudadanía”.
Por contra, como sindicato mayoritario en la función pública valenciana, CSI·F ha manifestado su rechazo una vez más al requisito lingüístico, insistiendo en que el nivel de valenciano sea considerado un mérito y no un “motivo de exclusión”.
Ante la situación actual de “imposición” del requisito, la central ha pedido a la Generalitat que establezca una moratoria y no lo aplique en los procesos de estabilización que se desarrollan para acabar con la elevada tasa de temporalidad en la administración.
También ha hecho hincapié en la “discriminación” que sufre el alumnado valenciano que “a igual número de horas cursadas, obtiene una certificación en valenciano inferior a la que logran estudiantes de otra autonomía como Baleares al terminar el mismo ciclo”.
En esta línea, CSI·F se ha quejado de “la propia distinción discriminatoria entre el alumnado valenciano según la etapa en la que haya terminado su formación, ya que antes equivalía a B1 y ahora a B2”. Y es que, a su juicio, debe existir una equivalencia entre ESO/Bachillerato y BUP/COU en cuanto a la homologación del nivel de valenciano por terminación de estudios, “de manera que sea B2 para todos”.
Otra de sus críticas es “la contradicción que supone que la Generalitat obligue a un nivel de valenciano y, al mismo tiempo, convoque escasas pruebas para obtenerlo y con menos plazas de inscripción que las demandadas”, con lo que “numerosos aspirantes no pueden alcanzar esa certificación debido a que la propia Administración no aporta los medios para que la consigan”.
Además, el sindicato ha propuesto que la recién creada Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP) se haga cargo de la homologación/acreditación de la formación en valenciano de los funcionarios.
En concreto, la propuesta de la comisión de competencia lingüística fija la exigencia del certificado A2 para la agrupación profesional funcionarial, del B1 para el subgrupo C2 y del B2 para el grupo B y el subgrupo C1. Respecto a la exigencia para los grupos A1 y A2, traslada dos alternativas que la consellera anunció la semana pasada que se estudiarán para elaborar el decreto: B2 o C1.
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