Sindicatos y Función Pública acuerdan contratar 200 interinos para reforzar la Inspección de Trabajo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Sindicatos y Función Pública han alcanzado un acuerdo por el que la Administración General del Estado se compromete a reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con la contratación de 200 interinos y a mejorar las condiciones laborales de la plantilla, según han informado CSIF y UGT en sendos comunicados.

Ante la intensificación de la actividad de la Inspección, se ha pactado llevar a cabo este año un plan extraordinario para retribuir el rendimiento y la actividad del personal del organismo, con una dotación presupuestaria de 6 millones de euros, que se concretará en una productividad adicional en la nómina de los trabajadores.

La Administración General del Estado se ha comprometido a establecer en las ofertas anuales de empleo público unas tasas de reposición suficientes para garantizar el refuerzo de este servicio público.

De manera adicional, y con cargo a la oferta de empleo público de 2021, se procederá a la asignación inmediata de 200 plazas para ser cubiertas con personal interino hasta que se proceda a la provisión legal de los puestos de trabajo vacantes.

Asimismo, la Administración General del Estado abordará de manera inmediata la negociación de una nueva relación de puestos de trabajo, determinando el volumen de recursos humanos necesarios, y los nuevos perfiles profesionales técnicos e informáticos, con el objetivo de reforzar la Inspección.

“Todo ello debe dar lugar a una actuación inspectora más eficaz y profunda, a un reforzamiento de la estructura central y territorial del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a una consolidación de la institución”, ha subrayado CSIF.

El representante de CSIF en la Inspección, Miguel Ángel Montero, ha destacado que este acuerdo es “beneficioso” tanto para la Administración como de la Inspección, pero sobre todo para los trabajadores, pues “con un sistema de Inspección de Trabajo reforzado verán que los derechos laborales son objeto de control por parte de la Administración”.

“La Inspección, al contar con más recursos tras el acuerdo firmado, supondrá que los trabajadores pueden verse mejor tutelados por la Administración del Estado en sus relaciones laborales”, ha afirmado Montero.