Los letrados de la Administración de Justicia apoyan la convocatoria estatal de huelga del día 16

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

Los letrados de la Administración de Justicia de Sevilla, reunidos en asamblea, han acordado por unanimidad reclamar al Ministerio de Justicia “una negociación colectiva propia como derecho fundamental integrado en la libertad sindical, la adecuación salarial a las competencias y funciones” y “el abono inmediato de los retrasos reconocidos y no satisfechos”, sólo como “pago parcial de la adecuación salarial a que obliga la Ley”.

Además, solicitan al Ministerio el restablecimiento del Real Decreto 101/19 regulador del régimen de sustituciones voluntarias del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, la inmediata regulación y fijación del complemento salarial a abonar a los nuevos encargados del Registro Civil y un “impulso de todas las cuestiones organizativas y reglamentarias paralizadas en el área de letrados de la administración de justicia del Ministerio, como la convocatoria regular de oposiciones al Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia, la reforma del Reglamento Orgánico o el sistema de categorías, escalafón, concursos de traslado, plan de prevención de riesgos laborales.

“Para la consecución de nuestras exigencias, dado el abandono en la gestión y el flagrante incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo de la Disposición Adicional 157 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, apoyamos la huelga convocada para el día 26 de enero y a cualquier otra medida de conflicto promovida por los letrados de la Administración”, proclama el acuerdo aprobado por los letrados de la Administración de Justicia.

Así, un total de 58 letrados de Sevilla están por unanimidad de acuerdo con todas las medidas, salvo ocho que se muestran en contra del día señalado para la huelga convocada, tratándose este de un colectivo de más de 4.000 Funcionarios pertenecientes al Cuerpo Jurídico Superior de la Administración de Justicia Española que lleva “más de nueve años desatendidos en reclamaciones cuyo reconocimiento redundara en la mejora de la Administración de Justicia”.