La Generalitat crea una comisión para regular el requisito lingüístico del valenciano entre los funcionarios

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Administración Pública ha constituido una comisión para estudiar y proponer los criterios generales que deberán servir de base para la regulación de la acreditación de la competencia lingüística de los conocimientos de valenciano, como requisito de participación en las oposiciones de la Generalitat, según publica este miércoles el DOGV.

Este requisito quedó establecido en la Ley de Función Pública, aprobada por Les Corts el pasado mes de marzo. En concreto, los funcionarios deberán acreditar la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano que se determine reglamentariamente, “respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes”.

Desde su entrada en vigor se marcó un plazo de un año para que el Consell apruebe, a propuesta del departamento de Gabriela Bravo, el reglamento que determine el nivel de conocimiento de valenciano exigible a los funcionarios, previo informe favorable de la Conselleria de Educación.

Es algo que determinará la nueva comisión para garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho de utilizar las dos lenguas oficiales en la Comunitat Valenciana en las relaciones con la administración autonómica.

La resolución, firmada por la consellera Bravo, recuerda que el requisito se vincula directamente al artículo 6 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat, según el cual corresponde a la Generalitat garantizar el uso normal y oficial del valenciano como lengua propia, así como del castellano, “sin que nadie pueda ser discriminado por razón de la lengua” y otorgando “especial protección y respeto” a la recuperación del valenciano.

Integran la comisión Emili Sampío, subsecretario de Presidencia, como presidente, y Mª Belén Cardona, subsecretaria de Justicia, como coordinadora. Los vocales son Miquel Soler (secretario autonómico de Educación), David Alfonso Jarque (director general de Función Pública), Vicente Serra (subdirector general de Justicia), Rubén Trenzano (director general de Política Lingüística), Eva Mª Coscollá (subsecretaria de Educación), Gemma Lluch (catedrática de Filología Catalana), Antoni Mas (profesor de Sociolingüística) y Mª Gracia Mateu (subdirectora del Instituto Valenciano de Administración Pública). Esta última también actuará como secretaria.