VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto que regula la concesión directa de las ayudas de la Línea COVID del Estado a personas autónomas y empresas de la Comunitat Valenciana, que ascienden a 647 millones, para reforzar su solvencia y contribuir a la reducción de su endeudamiento.
Podrán beneficiarse de estas ayudas los empresarios y empresarias, profesionales y entidades más afectados por la pandemia con domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana que hayan realizado durante 2019 y 2020, al menos, una actividad que se clasifique en alguno de los 184 códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 09) previstos y continúen en su ejercicio en el momento de su entrada en vigor.
Además, también podrán ser beneficiarios aquellas empresas o profesionales cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros y que desarrollen su actividad económica en más de un territorio, siendo uno de ellos la Comunitat Valenciana o los grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en régimen de tributación consolidada si operan en la comunidad.
Serán subvencionables los gastos que se destinen a satisfacer la deuda y pagos pendientes con proveedores, acreedores financieros y no financieros, siempre y cuando estos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores y acreedores no financieros, por orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público. El orden de antigüedad vendrá determinado por la fecha de emisión de las facturas.
Para las empresas y profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, será requisito imprescindible que el volumen de operaciones anual declarado en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019 y tengan un volumen de deudas pendientes subvencionables de, al menos, 4.000 euros.
Además, las personas o empresas beneficiarias deberán, entre otras cuestiones, no haber sido condenados mediante sentencia firme a la pérdida de la posibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas, no haber solicitado la declaración de concurso voluntario o declarado insolvente y estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
CUANTÍA DE LA AYUDA Y FINANCIACIÓN
La cuantía y resolución de la ayuda para las empresas, profesionales o entidades beneficiarios se determinará en dos fases. En una primera, se resolverán las solicitudes de aquellos empresarios o profesionales que se apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), más conocido como tributación por módulos. En este caso, se dotará una cantidad fija equivalente al volumen de deudas pendientes declaradas por el solicitante, con un máximo de 3.000 euros.
A aquellas empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, y las altas o empresas creadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 también se les aplicará lo establecido anteriormente.
A las ayudas de esta primera fase se destinará un importe máximo de 200.000.000 euros. Si no se agotara el crédito destinado a esta tipología de beneficiarios y beneficiarias, el importe sobrante se destinará al apartado siguiente, sin necesidad de nueva convocatoria.
En una segunda fase, se resolverán las solicitudes para aquellos profesionales que se apliquen el régimen de estimación directa en el IRPF, así como entidades y establecimientos cuyo volumen de operaciones anual haya caído más del 30% en el año 2020 respecto al año 2019.
Esta ayuda no podrá ser nunca inferior a 4.000 euros pudiendo llegar hasta los 200.000 euros. Además, para cada una de las empresas, la ayuda máxima no podrá ser superior al 40% de su caída de operaciones anual, en el caso de solicitantes que tengan hasta 10 trabajadores y del 20% de su caída de negocio en el caso de empresas de más de 10 trabajadores.
Para las ayudas de esta segunda fase hay previsto un presupuesto de 447.081.980 euros y su resolución se realizará por etapas. En una primera etapa se concederá un importe mínimo garantizado de 4.000 euros y posteriormente se procederá a una segunda asignación con el crédito restante para aquellos que todavía no hayan visto cubierto con el importe mínimo todas sus deudas pendientes comunicadas.
Para los solicitantes que tienen hasta 10 trabajadores y trabajadoras se calculará la ayuda que supondría cubrir el 2% de ese exceso de caída y para solicitantes de más de 10 trabajadores, lo que supondría cubrir el 1%.
Si la suma total de estas cantidades del conjunto de solicitudes no supera los recursos sobrantes se asigna directamente a cada solicitante la cantidad calculada. En caso contrario, se reparte de forma proporcional. El proceso se repetirá tantas veces como sea necesario hasta agotar el crédito.
FORMA Y PLAZO
Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática en la sede electrónica de la Generalitat y en el caso de aquellas entidades que hagan la solicitud a través de un o una representante, este deberá estar obligatoriamente inscrito en el Registro de Representantes.
El plazo de solicitud de cita previa para las solicitudes que formulen las personas solicitantes que apliquen el régimen de tributación por módulos, las empresas que hayan realizado modificaciones estructurales de la sociedad mercantil, y altas o empresas creadas entre el 1 de enero de 2019 y 31 de diciembre de 2019 será entre las 09:00h del día 31 de mayo de 2021 y las 23:59 horas del 4 de junio. Para el resto, el plazo de petición de hora se iniciará a las 09:00 horas del día 7 de junio de 2021 y finalizará el día 11 de junio.
OBLIGACIONES GENERALES
Los beneficiarios deberán mantener la actividad para la cual han recibido la subvención hasta el 30 de junio de 2022; no podrán repartir dividendos durante los ejercicios 2021 y 2022 y no podrán aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde la concesión de estas ayudas.
Asimismo, deberán justificar, en plazo máximo de tres meses tras recibir el pago, que las ayudas han sido destinadas a la reducción del endeudamiento no financiero (proveedores, acreedores) o financiero (con aval o sin aval público).
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