Docentes interinos andaluces piden paralizar las oposiciones de Secundaria por motivos de salud pública

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Interinos Docentes de Andalucía (AIDA) ha solicitado a solicitado en dos escritos al al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y al de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que se paralicen las oposiciones de Educación Secundaria (ESO), que habrán de celebrarse a partir de junio, por motivos de salud pública, unos argumentos que también han transmitido a la Dirección territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Según reseña la asociación en un comunicado, hay una serie de motivos relacionados casi en su integridad con la situación sanitaria de pandemia que atraviesa la región, independientemente de otras razones relacionadas con “la fijeza y el fin del abuso de la temporalidad en las contrataciones”.

Así, indican que el número de contagios cada vez va más en aumento, aluden a la situación de estrés y carga laboral a la que están sometidos los profesores “debido en parte a la semipresencialidad, con unas condiciones insostenibles conforme avanza este curso escolar que impiden una preparación adecuada de las oposiciones”.

Por otra parte, hacen referencia al proceso de vacunación, que no es ni el deseado ni el esperado, y que “podría llevar a serias complicaciones justo en el momento de desarrollarse las pruebas, tanto para el personal participante, como para los tribunales, como para el personal no docente que interviene igualmente”.

“No sería de recibo, ni de justicia improvisar una posible suspensión de las mismas días antes de su celebración, motivado por los acontecimientos sanitarios que venimos describiendo”, agregan. Incluso, plantean que se obliga a asistir a la presentación el sábado anterior y a la primera prueba, con lo que, “presumiblemente, irían a las mismas opositores que tendrían que estar en cuarentana o que estén contagiados”.

Es por lo que este colectivo insiste en que no se celebren las oposiciones, pues “por encima de todo debe primar el derecho a la salud y no ponerse en riesgo la vida de las personas por la celebración de un proceso que podría aplazarse cuando existan garantías para ello”.