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Empleados temporales exigen solucionar su «discriminatoria» situación laboral y alertan que está «en peligro»

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VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)

El Movimiento Independiente 15F, que engloba a empleadas y empleados temporales de todas las Administraciones Públicas, ha celebrado este domingo una caravana de vehículos en más de 30 ciudades de toda España, entre ellas València, para exigir que se «solucione» su situación laboral que consideran «discriminatoria» y para alertar de que sus puestos de trabajo están «en peligro».

En València, la caravana se ha iniciado a las 10.30 horas en el aparcamiento del IES Isabel de Villena, donde los participantes han «tuneado» sus coches antes de comenzar la ruta, que ha partido de la calle José Ballester Gozalvo y ha pasado por el paseo de la Alameda, las calles Ruzafa, Guillem de Castro o Blanquerías, y ha finalizado en la calle Doctor Marcos Sopena, frente a los restaurantes de la playa.

Los participantes han recorrido el centro de la ciudad en una caravana de coches, en los que han colocado globos amarillos y negros y carteles contra la «discriminación laboral» en los que denunciaban los años que llevan trabajando como interinos «en fraude de ley», haciendo sonar sus claxon. Entre los carteles se podía leer «18 años de interino en fraude de ley» o «28 años de trabajo despido = 0 euros».

Los empleados han reivindicado que «cese el fraude» de la temporalidad y que las instituciones «reconozcan que existe un problema real que influye en más de 800.000 empleados públicos en toda España y que apliquen las soluciones que la legislación europea ofrece».

«No somos plazas, como pretenden hacer creer a la opinión pública, somos personas y, como tales, somos parte integrante de la Administración a la que representamos y servimos en las diferentes unidades territoriales y especialización», han defendido desde la organización.

«No somos diferentes a los funcionarios públicos, realizamos el mismo trabajo y tenemos las mismas responsabilidades», han subrayado, al tiempo que han lamentado: «No tenemos una situación laboral estable que Europa nos reconoce, por ello hemos tenido que acudir a Europa, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a la Comisión Europea para verificar que la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada se aplique y cumpla sus objetivos en el sector público español».

En esta línea, han abogado por «la eliminación del trabajo precario» y han denunciado «la incertidumbre en la que nos mantienen las administraciones estatal, autonómicas y locales de España». «Nos condenan a unos despidos sin indemnización, a la exclusión social, sin reconocer el trabajo realizado a lo largo de muchos más años de los tres que legalmente marca la legislación», han advertido.

Así, han pedido que se inspeccione la contratación temporal de cada empleado público y, «si se detecta abuso, en un acto administrativo, se regularice su situación». «El Estado tiene los medios legales para ello, solo falta la voluntad política», han remarcado.

Desde el colectivo han apuntado que, «estadísticamente, cerca del 38% de contratos de todas las administraciones españoles, son contratos temporales o interinidad», una temporalidad «superior a la empresa privada y que un estado no tiene que consentir».

Además, han añadido que, en este mes, «Bruselas ha relacionado la distribución de los Fondos Europeos a la eliminación del alto porcentaje de contratos temporales en la Administración Española, de cerca del 40%». «También le ha concedido un rebaje fiscal de dos años, lo que podría suponer que España ha pedido a Bruselas que le conceda tiempo para resolver la precariedad de los contratos en la Administración», han reflexionado.

Finalmente, han insistido en que la fijeza «es la única solución legal que no supone ningún coste al erario público», puesto que «existen miles de demandas interpuestas que, de reconocerse el fraude según determina la sentencia del TJUE, supondrían unas indemnizaciones inasumibles por muchas administraciones, en especial las administraciones locales, donde el porcentaje de interinos ronda el 45%».