El CES señala que el desbloqueo a su renovación impulsa el diálogo social
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Los nuevos consejeros del Consejo Económico y Social (CES) tomarán posesión este jueves, 4 de febrero, según ha señalado el CES en un comunicado, en el que celebra el desbloqueo su renovación y dice que éste impulsa el diálogo social entre el Gobierno, interlocutores sociales y sociedad civil organizada.
Esta renovación se produce tras un año del actual Gobierno en plenas funciones y supone “un ejemplo del necesario desbloqueo político e institucional para hacer frente a los nuevos retos del futuro”. Sin embargo, todavía se desconoce a quién propondrá finalmente el Gobierno como presidente en funciones plenas del organismo.
El mandato de los nuevos consejeros del CES será de cuatro años, renovable por períodos de igual duración, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El CES está formado por 61 miembros, incluyendo el presidente, pertenecientes a tres grupos con 20 consejeros a propuesta de las organizaciones sindicales, 20 que representan a las organizaciones empresariales y 20 designados por los sectores agrario, pesquero, de la economía social, de los consumidores y usuarios. Además, también se incluye a seis expertos propuestos por el Gobierno.
Según el CES, esta composición plural y heterogénea es “determinante” para ayudar al Ejecutivo gracias a sus trabajos en materia socioeconómica y laboral. También apunta que su carácter transversal contribuye a tender puentes entre el Gobierno, los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada.
El Consejo se configura como un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia, plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus objetivos. Además, también lleva a cabo una actividad de carácter institucional tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
El presidente en funciones del CES, Pedro Fernández Alén, ha afirmado que los nuevos miembros de este órgano de consulta trabajarán de forma “objetiva e independiente para lograr leyes más ajustadas a la realidad”, ya que “en cada informe o dictamen intervendrán los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada, lo que resulta fundamental para reconstruir España tras la pandemia”.
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