La encuesta igualmente revela que el 73% aboga por suprimir Sucesiones y Donaciones, porque lo entienden como una doble tributación
El Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del ministerio de Hacienda, ha preguntado a los españoles sobre la armonización fiscal, uno de los objetivos estrella del gobierno de España. Las conclusiones del sondeo son reveladoras, puesto que acreditan un rechazo muy generalizado a la pretensión de unificar los tributos autonómicos y acabar con bonificaciones y descuentos como los aplicados en la Comunidad de Madrid.
La encuesta, realizada entre más de 3.000 contribuyentes, revela por ejemplo que el 72,7% de los sondeados está “muy” o “bastante de acuerdo” con la afirmación de que “los impuestos sobre nuestro patrimonio deberían desaparecer cuando ya han sido pagados impuestos sobre ellos, como por ejemplo ocurre con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones“.
Por el contrario, solo un 27,3% dice estar “poco” o “nada de acuerdo” con la idea de que sí procede cobrar este tipo de gravámenes, incluso cuando ello suponga crear escenarios de doble tributación.
También resulta interesante conocer la opinión de los contribuyentes sobre el umbral a partir del cual debería fijarse la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio. Hay un 53% que opina que los niveles aplicados hoy son los más apropiados (a partir de 700.000 euros), pero un 27% cree que sería necesario duplicar dicha cantidad (hasta 1,5 millones) y otro 13% opina que apropiado sería cobrar este tributo por encima de los 3 millones en activos. Un 7% no supo o no quiso contestar. Lo que no plantea la pregunta del Instituto de Estudios Fiscales es cuántos españoles rechazan por entero el cobro de un tributo que ha sido eliminado en toda Europa y solo sigue en pie en España.
Por último, el sondeo se interesa por conocer la opinión de los contribuyentes acerca de la regulación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la posibilidad de “armonizar” los tipos aplicados en las distintas comunidades autónomas. Aunque hay una mayoría que preferiría que hubiese más uniformidad y menos diferencias territoriales (81,5%), la mayoría cree que la capacidad de fijar tales tributos a nivel autonómico no debe verse limitada en cualquier caso (64,2%) y menos aún si se trata de fijar un “suelo mínimo” a partir del cual se puedan aplicar subidas pero no rebajas de esta tarifa (85%).
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