Los autónomos logran finalmente entrar en el Consejo Económico y Social

Tras 15 de años reivindicaciones

El Boletín oficial del Estado del miércoles 20 de enero publicó el nombramiento de Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, como miembro del Consejo Económico y Social (CES), el órgano consultivo del Gobierno en todas las leyes que pretende poner en marcha el Ejecutivo y que afectan a los trabajadores –por cuenta propia y ajena- o a las empresas.

La designación de Ferrero se ha realizado a propuesta de la CEOE en virtud del acuerdo de integración que firmó ATA con la confederación de empresarios en el 2019 y por la cual la federación de autónomos es la organización dentro de CEOE que representa al colectivo de trabajadores por cuenta propia en todos los ámbitos que les puede afectar. Por otro lado, ATA es la primera organización de autónomos del país con un peso específico dentro del colectivo superior al 50%..

La propia Celia Ferrero destacó que la entrada de los autónomos en el CES  

“Es un hito histórico. Y para mi personalmente una enorme responsabilidad. Los autónomos por fin formamos parte el CES y vamos a trabajar para que nuestras demandas y necesidades estén mucho más presentes en todas las decisiones en materia socioeconómica y laboral”.

El CES

El Consejo Económico y Social es un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia, plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Entre sus funciones se encuentra emitir dictámenes, con carácter preceptivo, sobre los anteproyectos de leyes del Estado y proyectos de reales decretos legislativos que regulen materias socioeconómicas y laborales.

Es cierto que la influencia del CES en las decisiones del Gobierno ha pasado por distintas etapas desde que se creó en 1991 para responder al mandato constitucional de promover y facilitar la participación de los ciudadanos a través de sus organizaciones representativas en los temas económicos, sociales y laborales que les afectan. Según el Gobierno que en cada momento ha estado durante los últimos años al frente del país su influencia ha sido mayor o menor. No obstante, la presencia de los autónomos en el CES tiene una importancia práctica y simbólica por cuanto era necesario que los trabajadores por cuenta propia participaran de los informes y dictámenes que este organismo envía al Ejecutivo, al margen de si éste los toma en cuenta o no.  

Por este motivo era de especial importancia que los autónomos tuvieran voz en el CES habida cuenta de que aconseja al Gobierno sobre muchas materias que afectan directamente a los trabajadores por cuenta propia ya sea sobre regulación laboral, salarios, pensiones, normas fiscales, mercantiles, agricultura, pesca, asuntos sociales, medio ambiente, consumo, transporte, industria, vivienda, energía…

Más de 15 años exigiendo un puesto en el CES

ATA llevaba más de 15 años exigiendo la presencia de los autónomos en el CES habida cuenta de que en este organismo ya están representadas las principales organizaciones sindicales, las empresariales, las organizaciones de la economía social, los consumidores, organizaciones agrarias y de la pesca, y asociaciones de la economía social. Era extraño que los autónomos, como parte esencial del tejido productivo del país, no formara parte de este órgano consultivo del Gobierno, que fuera ajeno a muchas materias que se debatían en él y que luego se convertían en recomendaciones o en informes para el Gobierno.

Ha tenido que ser este año cuando se ha logrado que la mayor organización de autónomos se haga de portavoz del colectivo en los trabajos que realiza el CES. Finalmente, Celia Ferrero, pasa a formar parte de los veinte consejeros que conforman el grupo segundo de este organismo y que son designados por las organizaciones empresariales más representativas, en proporción a su representatividad, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dada por la Ley 32/1984, de 2 de agosto.