Se calcula que deben alrededor de 56.400 millones de euros a sus proveedores
Los impagos y retrasos en los pagos están a la orden del día en tiempos de pandemia. Y, aquí, no se libran ni las grandes compañías del Ibex-35, que deben alrededor de 56.400 millones de euros a sus proveedores. Esta problemática afecta de forma especial a las pymes y autónomos que trabajan para estas empresas, que ven cómo los retrasos en los pagos pueden poner en riesgo la viabilidad de sus negocios.
Según los datos analizados por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), las compañías del Ibex-35 liquidaron sus facturas durante el primer trimestre del año con un periodo medio de 183 días, más del triple del plazo máximo establecido por la ley (60 días). Así, desde la Plataforma aseguran que, “si las empresas del Ibex-35 pagaran en plazo, se inyectarían 56.448 millones de euros” en la economía.
En este sentido, desde PMcM reclaman endurecer las sanciones para evitar que miles de pymes y autónomos sufran las consecuencias de estos plazos en medio de la crisis ocasionada por la pandemia. “Hay que implantar ya un régimen sancionador que multe a las empresas morosas para evitar que se rompa la cadena de pagos, se inyecte liquidez al sistema, mejore la competitividad y productividad de las empresas y se reduzca la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos”, afirman.
Según las estimaciones de los expertos, 500.000 pymes y otros tantos autónomos se encuentran en riesgo de quiebra en la actualidad, “principalmente por el retraso en los pagos”. Los datos muestran un incremento sustancial en los plazos medios de pago a raíz de la pandemia, del 6% en el caso de las empresas del Ibex-35 no financieras -lo que se traduce en 10 días más- y del 10% en el caso de las financieras.
Los sectores donde las pymes sufren más impagos
Pero no todos los sectores están sufriendo de igual manera las consecuencias del retraso en el plazo medio de pago y la morosidad. Las pymes y autónomos que prestan servicio a empresas dedicadas al acero, a la automoción, a los bienes de consumo duradero y a los servicios son las que presentan un mayor riesgo de impago.
Estos datos chocan de manera frontal con las estrategias que las grandes compañías están siguiendo durante los meses de pandemia, enfocadas a aumentar su liquidez, reduciendo su inversión e incrementando la financiación.
Ante este panorama, la Ley de Segunda Oportunidad puede ser clave para muchos autónomos y pymes. “Se trata de un mecanismo legal por medio del cual aquellos deudores de buena fe que se encuentren sobreendeudados y cumplan una serie de condiciones pueden renegociar con los acreedores el pago de sus deudas y, en última instancia, conseguir su cancelación. El deudor de buena fe, es decir, aquel que se ha visto sobreendeudado por circunstancias adversas y nunca por un enriquecimiento personal”
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