La Federación de Empresas de La Rioja (FER) valora de forma muy positiva, considerando la medida de extrema necesidad, las conclusiones de un informe del Banco de España publicado el pasado Viernes, que recomienda a Hacienda y a la Seguridad Social una mayor sensibilidad hacia las pequeñas empresas y los autónomos, que acceden muy poco a los concursos de acreedores cuando se encuentran con dificultades financieras porque son ”procedimientos largos, costosos y que casi siempre terminan en la liquidación de las empresas”
El Banco de España califica de “problema estructural” este “mal funcionamiento” del sistema concursal, que en comparación con otros países europeos está lleno de dificultades para los pequeños negocios y los autónomos.
Moratoria concursal
Cuando se inició la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, el Gobierno central decretó una moratoria concursal que implica que el deudor no tiene obligación de solicitar el concurso hasta final de año, circunstancia que se producirá en las próximas semanas.
Por ello, y con el objetivo de promover la reestructuración de deudas de empresas insolventes, pero que pueden ser viables a medio plazo, el Banco de España considera importante reducir la duración de los procedimientos concursales, lo que ayudaría a evitar la depreciación de los activos de una empresa.
Por otro lado, y atendiendo a algunas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), también sugiere un mecanismo por el cual los acreedores públicos, como Hacienda y la Seguridad Social se involucren e incentiven reestructuraciones de deuda, aceptando quitas mayores que las de los acreedores privados en determinadas circunstancias.
Exoneración de las deudas y “segunda oportunidad”
En su informe, El Banco de España asegura la escasa utilización de los concursos personales de autónomos y pequeños empresarios.
El motivo, dice la autoridad monetaria, es que las deudas de derecho público (las contraídas con la Administración pública) no pueden ser exoneradas y tienen un plan de pagos de la liquidación es muy riguroso y exigente para el empresario.
Por tanto, una exoneración de las deudas a la pequeña empresa podría fomentar el “mecanismo de segunda oportunidad” consistente en un plan de pago prolongado a cinco años, que tendría un efecto muy limitado en las arcas públicas y sería positivo para estas empresas una precaria situación financiera.
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