Trabajo exige a Glovo más de 16 millones de euros por 11.000 falsos autónomos regulados en las últimas inspecciones

Mano dura contra el modelo de falsos autónomos. Inspección de Trabajo ha dado de alta a 11.013 trabajadores de Glovo, según explican fuentes conocedoras a Europa Press. Desde 2019 y a raíz de distintas denuncias de los sindicatos, Trabajo ha llevado a cabo un total de 30 actuaciones durante el pasado año y este 2020 por las cotizaciones impagadas de estas personas, consideradas por Trabajo como falsos autónomos.

Por estas cotizaciones, Trabajo exige a Glovo más de 16,2 millones de euros, según describen las fuentes. Una cifra resultante de sumar las distintas solicitudes desde hace varios años.

Trabajo encuentra más de 11.000 falsos autónomos en Glovo desde 2019

En un primer momento se realizaron siete actuaciones para dar de alta a 4.275 ‘riders’, lo que implicaba un total de 8,2 millones de euros. Seguidamente se exigieron 5,7 millones de euros por 4.976 trabajadores y finalmente se han solicitado 2,22 millones de euros adicionales por 1.762 trabajadores. Una gran cantidad de personas afectadas en la que se considera como una de las campañas más grandes de Inspección de Trabajo en este tipo de plataformas.

Las distintas inspecciones se han realizado en 16 provincias españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Granada, Asturias, Baleares, Murcia, Córdoba, Valladolid, Burgos, Salamanca, Pontevedra, Cantabria y Badajoz).

La noticia llega una semana después de otra de las mayores operaciones de regularización de Inspección de Trabajo, tras obligar a Amazon a dar de alta a unos 4.000 trabajadores de Amazon Flex.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo a finales de Septiembre, ha quedado establecido que en muchos casos “la relación existente entre un repartidor (‘rider’) y la empresa tiene naturaleza laboral“. Es decir, que los trabajadores de Glovo deberían ser asalariados y por tanto han estado trabajando durante este tiempo como falsos autónomos.

Precisamente durante el día de hoy, Gobierno, sindicatos y empresarios han abordado la creación de una “ley de riders”, para discernir cómo debería regularse este colectivo de trabajadores, intentando tener en cuenta las distintas situaciones.

Desde Glovo explican que “las altas en la seguridad social no son firmes, pues ningún juez las ha dictaminado directamente“. Respecto a la cifra exigida por Inspección de Trabajo, desde Glovo explican que se trata de una “estimación” y no tendría porque ser correcta.