Andalucía reclama al Gobierno un Fondo Transitorio Compensatorio para autonomías infrafinanciadas

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha reclamado al Gobierno central la creación de un Fondo Transitorio Compensatorio que eleve la financiación autonómica de aquellas regiones a las que “el sistema actual castiga con un reparto inferior a la media“, entre ellas Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias (casi el 37% de la población), hasta alcanzar la media de las comunidades autónomas, de manera que estas regiones puedan contar con unos recursos similares a los del resto, en términos de habitante ajustado, para afrontar tanto la crisis sanitaria como la recuperación económica.

Comparecencia en la Comisión Especial de Financiación Autonómica de la Asamblea Regional de Murcia

Así lo ha expuesto el consejero, donde ha reivindicado, además, la revisión “urgente” del modelo de financiación autonómica y, para ello, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como foro en el que todas las comunidades puedan poner en común sus reivindicaciones, necesidades y propuestas.

Bravo ha incidido en que la actual crisis económica hace “todavía más prioritaria” la adopción de medidas tanto a medio como a largo plazo por parte del Estado para ayudar a las comunidades en su recuperación.

En ese sentido, ha recordado que la revisión del modelo de financiación “es una necesidad admitida por todas las autonomías y fuerzas políticas“, que sin embargo quedó aparcada por el Gobierno tras la moción de censura de 2018.

“¿Es justo un sistema que mantiene a los 8,5 millones de andaluces, 1,5 de murcianos, 5 de valencianos y 2 de castellano-manchegos con una menor financiación que la media?“.

En relación a Murcia

Bravo ha explicado que la Región ha estado a niveles relativos de infrafinanciación por debajo de la media en todo el período 2002-2017 y que, además, empeoró su situación con el modelo de 2009, pasando del 95,4% de 2002 al 92,6%, según el análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). En el caso de Andalucía, se generó una infrafinanciación que pasó del 99,4% al 95,5%.

El actual modelo, ha señalado Bravo:

“Supone una menor posibilidad de acceso a los andaluces, valencianos, murcianos y castellano-manchegos a los servicios públicos fundamentales, por ello debemos sumar nuestras fuerzas para garantizar sus derechos, desde la lealtad, el consenso y la justicia“.

Por todo ello, el consejero ha defendido que un nuevo modelo de financiación autonómica “justo” debe cumplir varias premisas esenciales: que permita el ejercicio de competencias de las comunidades, dando sentido al Estado de las autonomías; que se dirija a las personas, no a los territorios, que garantice recursos suficientes en el año base y en ejercicios siguientes, que consensúe el grado de nivelación para que gastos no considerados fundamentales puedan entrar en el sistema, que fortalezca los mecanismos de convergencia, reformando los Fondos de Compensación Interterritorial; y, por último, que avance en la evaluación de las políticas públicas para mejorar en eficacia y transparencia.

Para acometer esta revisión, Bravo ha insistido en que se hace necesaria, por parte del Ministerio de Hacienda, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que en el último año y medio solo ha sido constituido una vez, a fin de poder configurar “una propuesta base con la que las consejerías de Hacienda de las distintas comunidades podamos trabajar multilateralmente junto con el Gobierno central”.

Déficit inverso

Además, el consejero ha aludido al planteamiento del “déficit inverso” que, según ha explicado en su comparecencia en la Asamblea Regional de Murcia, “supondría que en 2020 el Estado acapare la mayor parte del déficit y que, después, adelante a las autonomías la liquidación del sistema de financiación de 2020-21”.

Con ello, ha afirmado, “conseguimos cubrir con deuda la caída de ingresos y adelantar un año la liquidación del año 2022, manteniendo la capacidad de gasto en 2021” y concediendo así a las comunidades mayor margen de actuación para afrontar la recuperación económica.